Índice de Precariedad Colectiva

En las asambleas que hemos organizado a lo largo de los últimos meses para informar sobre el acuerdo de pensiones, un tema recurrente ha sido el IPC. La poca correspondencia entre lo que marca el índice que recoge la inflación y el aumento de los precios de los productos más demandados, especialmente por las personas más vulnerables, se ha hecho evidente en no pocas intervenciones. Tiene que ver con la ponderación en la cesta de la compra de los bienes y servicios que recoge el índice, que no traslada el peso real de aquellos que consumen las rentas más bajas. Así, mientras el IPC interanual de octubre se situaba en Catalunya en el 5,2%, la rúbrica ‘calefacción, luz y distribución de agua’ había aumentado un 42%, o la del transporte, un 12,5%. Si en 2020 había un 9,4% de hogares catalanes que no podían mantener la vivienda a la temperatura adecuada, o un 12,4% que sufría retrasos en el pago de los gastos relacionados con la vivienda principal, la irrupción del invierno previsiblemente comportará, en el marco del incremento de precios actual, situaciones de extrema precariedad para muchas personas.

En relación a la proyección de la evolución de precios para el 2022, ésta fue corregida por el Banco de España en septiembre, con un incremento de medio punto hasta situar la inflación prevista para el año que viene, en el 1,7%. La cuestión de fondo es la crisis de oferta que acompaña la recuperación y que impacta en los precios energéticos, pero que se traslada también gradualmente a la inflación subyacente, que es la que no incluye estos ni tampoco alimentos no elaborados, y que tiene un carácter más estructural. Las limitaciones en las cadenas de suministro afectan también al tejido productivo por el aumento de los precios de la energía y por las restricciones en el acceso a bienes intermedios, como se ha visto en el caso de los semiconductores, factores que limitan la resiliencia y recuperación, especialmente en el caso de las pimes. En lo que concierne a las personas trabajadoras, si tenemos en cuenta que, en octubre, en Catalunya había 3,5 millones de cotizantes y más de 1,5 millones de pensionistas, la tendencia del IPC pone en evidencia la necesidad de incrementar salarios y pensiones para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo y con él, el pulso de la demanda interna.

El contexto es el de un debilitamiento del poder de compra de las rentas más bajas, con el peligro añadido de que el ahorro embalsado por las rentas medias a lo largo de la crisis de la Covid-19, se disipe por haber de compensar el incremento de precios. Como ponen en evidencia conflictos colectivos como el de Cádiz, la resistencia por parte de la patronal a garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo es férreo. Afortunadamente, el incremento de las pensiones compensará el IPC, a pesar de que, en el caso de las 820.000 personas que cobran menos de 800€, el aumento previsto del 3% se quedará demasiado corto, al margen del efecto que tiene la congelación del IRSC desde hace más de 10 años, que limita ayudas y subsidios a las personas con una renta inferior a los 7.967,73€ anuales. En relación a los salarios, al margen del efecto que tienen sobre la renta disponible hay otros tres factores que conviene destacar. En primer lugar impulsan la demanda agregada que, en un entorno de incertidumbre de la economía global, representa un factor de estabilidad. En segundo lugar está la productividad, que ha aumentado muy por encima de los salarios y que reclama un ajuste de estos al alza, con tal de superar un modelo de bajo valor añadido que es débil en términos de competitividad.

Pero hay una tercera cuestión que resulta fundamental. Cuando negociamos los salarios no tan sólo impulsamos la renta disponible de quien trabaja sino también los ingresos que alimentan el estado del bienestar mediante cotizaciones e impuestos. Estos garantizan la calidad de los servicios públicos y la suficiencia de las prestaciones y ayudas. En un contexto de crecimiento de la deuda pública y con la reducción crónica de lo que aporta el capital, la parte socializada del salario es fundamental para mantener el estado del bienestar. Si la temporalidad, intermitencia y precariedad involuntaria de las carreras de las cotizaciones impulsa la precarización de las relaciones laborales, la contención de los salarios completa un marco que compromete el presente y futuro de la clase trabajadora en nuestro país.

Hemos visto cómo la disrupción de las cadenas de valor globales cuestiona los beneficios de una economía extremadamente globalizada, que lastra la sostenibilidad ambiental y promueve la desigualdad entre países. El escenario alternativo pasa por una economía circular y de proximidad en la que los bienes materiales se produzcan cerca, con salarios que redistribuyan la riqueza y den estabilidad al modelo social y productivo. Son los bienes inmateriales, intangibles, la propiedad intelectual, las patentes y fórmulas las que habrían de circular liberadas de las trabas actuales, para garantizar el acceso de todo el mundo a productos de primera necesidad como vacunas y medicamentos, y, de paso, a los beneficios de una tecnología entendida como patrimonio global. A la espera de estas conquistas depende de nosotros y de cómo nos organicemos que el Índice de Precios al Consumo no se convierta en un Índice de Precariedad Colectiva.