¡Justicia, la justa!

Este viernes coincidían en la agenda tres cuestiones importantes. En el día internacional de la seguridad y la salud en el trabajo se publicaba además la EPA del primer trimestre de 2017, mientras el gobierno presentaba el programa de estabilidad 2017-2020. Lo de la estabilidad tiene en estos tiempos una connotación que no puede ser sino evocadora. La tormenta que ataca en términos de corrupción y despropósito político a la ciudadanía, anuncia cualquier cosa menos estabilidad. La precariedad se extiende, y es hoy democrática, institucional, pero sobre todo social y laboral. El marco macroeconómico presentado por el gobierno anuncia la creación de empleo, hasta reducir la tasa de paro al 11,2% de la población activa en 2020, al tiempo que celebra las reformas laborales, que habrían permitido reducir por debajo del 1% el umbral del crecimiento económico para crear empleo. Pero esta prestidigitación no consigue ocultar la realidad que describe con crudeza la Encuesta de Población Activa.

La precariedad cubre un abanico de situaciones personales, que parece infinito y es difícil de cuantificar. Empieza por aquellas y aquellos que pasan a engrosar la columna de los ‘inactivos’. En los últimos cinco años en el estado español el paro ha bajado en un millón de personas, mientras el empleo ha aumentado tan sólo en 350.000. El efecto estadístico del envejecimiento es aquí favorable, pero son más los que se ven abocados a la emigración o los que abandonan toda intención de encontrar empleo. La precariedad continúa su andamiaje en aquellos que buscan un empleo, hoy 4.255.000 personas en el estado, el 18,75% de la población activa, de los cuales más de la mitad llevan más de un año en situación de desempleo, habiendo cerca de 1,4 millones de hogares con todos sus miembros activos en paro. En Catalunya el desempleo afecta a 576.600 personas, el 15,3% de la población. Estas disfrutan tan sólo en parte, de una prestación social, estando 1 de cada cuatro en riesgo de pobreza o de exclusión social.

Tener un trabajo ya no es sinónimo de salir de la pobreza y de poder iniciar un proyecto vital. En primer lugar está la precariedad en la contratación. De los 20 millones de contratos que se firmaron en 2016 a nivel estatal, 91,5% fueron temporales, elevándose la tasa de temporalidad al 25,7%, el 20,8% en el caso de Catalunya. Aumenta también la rotación contractual. Si antes de la crisis hacían falta 3 contratos temporales para tener trabajo todo el año, hoy son 4,6, y en el caso de los contratos indefinidos, de cada 3, tan sólo dos siguen ‘vivos’ al año. El trabajo autónomo es demasiadas veces precariedad, y también lo es el trabajo parcial, que afecta al 15,6% de la población activa, el 14,6% en el caso de Catalunya, y que, en 6 de cada 10 casos, es involuntario. Los que disfrutan de un empleo experimentan la precariedad por la creciente ‘disponibilidad’, por el desencaje entre su formación y la que requiere el puesto de trabajo (462.658 personas en Catalunya), pero también por el evidente aumento del margen de tolerancia en términos de salud y de seguridad laboral.

Y finalmente está lo que se oculta tras el eufemismo de la ‘moderación salarial’. Mientras hace ya dos años que se recuperó el excedente empresarial anterior a la crisis, la recuperación para las rentas del trabajo se hace esperar. Si las estadísticas auguran un aumento del PIB cercano al 2,5% a lo largo de los próximos años, este no se traslada a los salarios y es fruto del patrón de crecimiento equivocado, vulnerable y coyuntural, que redunda en los errores previos a la crisis. La EPA muestra que apenas un 7,1% de la población ocupada trabaja en sectores de contenido tecnológico medio y alto, lo que supone, junto al descenso del empleo industrial, una pésima situación ante los retos tecnológicos que se presentan en el futuro inmediato. Esta es la ‘estabilidad’ que se promueve, y, como subraya el gabinete económico de CCOO “Lo más preocupante es que el gobierno se encuentra a gusto con este modelo.

La estabilidad es hoy pura evocación. Las tropelías que conforman la nebulosa de la actualidad política, pueden distraer en parte de la centralidad que le corresponde a la precariedad social y laboral, pero no pueden ocultar que, pese al optimismo presupuestario, la inestabilidad conforma la regla para la mayor parte del empleo. Una fiscalidad progresista para mejorar la inversión pública, incremento del salario mínimo y recuperación de la autonomía y de la extensión de la negociación colectiva con tal de aumentar salarios y recuperar la demanda interna. Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, introducir una Renta Mínima (la RGC en Catalunya), y hacer frente con voluntad política a la lacra del desempleo y a la precarización en la contratación. Estos son los pilares de una estabilidad real que permita a las personas disponer de un proyecto vital con unas garantías mínimas. Por ellos saldremos a la calle este 1 de mayo. Para reivindicar ‘Empleo estable, salarios justos y más derechos sociales’ y para denunciar la negligencia en la administración de la justicia política y social.