Frente abierto a la pobreza

Hace poco menos de 20 años, el Parlament de Catalunya aprobaba la Renta Mínima de Inserción (RMI), “una acción de solidaridad de carácter universal hacia los ciudadanos y las ciudadanas con graves dificultades económicas y sociales…” que pretendía que “las personas atendidas pudieran alcanzar la plena autonomía personal, familiar, económica y social”. En agosto de 2011, en plena crisis, el gobierno de Mas, enarbolando la bandera de la lucha contra el ‘asistencialismo’, que es lo que la derecha identifica como el peor enemigo de la ‘justicia social’, dio la puntilla a la RMI. Tras contratar a 40 técnicos mediante una conocida empresa de trabajo temporal, el govern pasó a revisar 20.000 expedientes en busca de supuestos fraudes. Se creaba así el ambiente político y social necesario para eliminar, mediante decreto, el carácter universal de la RMI, y convertir ésta en poco más que una ayuda discrecional.

La iniciativa de CiU, que dejó en una situación de extrema precariedad a buena parte de las 34.000 familias que cobraban en 2011 la RMI, levantó una fuerte marea de indignación. Por lo torticero de la escenificación, por la falta de sensibilidad social, pero también por la incoherencia de una medida que teóricamente obedecía a razones presupuestarias, cuando 3 meses antes, el gobierno de Mas había promovido, junto al PP, una nueva modificación del impuesto de sucesiones que redundaba en el problema de fondo, la redistribución interesada de la renta nacional catalana. Fruto de esta indignación nacía la plataforma para promover una Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), que ya había sido presentada, en 2003, por CCOO de Catalunya, como instrumento para la lucha contra la pobreza, y que exigía que se articulara de una vez el derecho promovido por el artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía de Catalunya.

El libro ‘Rescatem les persones’ firmado por Arcarons, Garganté y Toledano, en julio de 2013, da las claves de la iniciativa de ley presentada, el 25 de enero de 2013, a la presidenta del Parlament, y cuyo objetivo no es otro que el de asegurar los mínimos de una vida digna a las personas y a las familias o núcleos de convivencia que se encuentran en situación de pobreza, mediante “itinerarios, acciones y servicios de inclusión e integración social”. La RGC se presentaba como un derecho subjetivo, individual, universal, subsidiario y de carácter suplementario, no sujeto a condicionamientos personales, ni tampoco a disponibilidad presupuestaria. La cuantía de la RGC, ligada a la Renta de Suficiencia (IRSC), era en ese momento de 664€ mensuales y los cálculos realizados en el marco de un fuerte impacto social de la crisis, no superaba el 5% del presupuesto de la Generalitat, o el 1% del PIB catalán.

La negociación sobre la RGC ha ido avanzando a trompicones a lo largo de los dos últimos mandatos, pero parece encallada en algunas cuestiones fundamentales. Uno de los elementos de fondo es con toda probabilidad el viejo debate de ‘estímulo o exigencia’ que caracterizó la introducción de la agenda 2010 alemana (Hartz IV…), y la prevalencia del tópico ideológico del ‘asistencialismo’. La contraposición interesada de la ‘responsabilidad individual’ frente a la ‘responsabilidad o solidaridad colectiva’ no debería distraer de la cuestión de fondo, que es el derecho subjetivo de la persona a vivir con dignidad, eso es, el derecho a disponer de medios que garanticen el derecho a la vivienda, los suministros, a una alimentación sana, la educación, la sanidad o la autonomía personal. Este está recogido en la constitución y se le ha de suponer continuidad y desarrollo en cualquier hipotético marco jurídico futuro.

El compromiso por parte de los y las trabajadoras catalanas con este derecho se hizo aún más visible con la firma, el 20 de febrero de este año, de una declaración de las organizaciones sindicales catalanas, que proponía extender la acción protectora de la RGC a “todos aquellos/as que tengan rentas del trabajo por debajo de la IRSC”, y que aprobaron por unanimidad los delegados al XIº congreso de CCOO de Catalunya en el marco de la resolución ‘Luchemos por el trabajo digno y contra la precariedad’. El riesgo que comporta que la patronal aproveche la complementación del salario con tal de garantizar la dignidad de las personas, para alimentar aún más la devaluación salarial, ha sido asumido desde la responsabilidad de la clase trabajadora y las organizaciones que la representan. La lucha contra el fraude será posible si existe la voluntad política de complementar la dotación de la RGC con mecanismos creíbles y eficientes socialmente para la inserción laboral, y si se garantiza que las organizaciones sindicales puedan intervenir con mayor fuerza en el seguimiento de la contratación y en la extensión de la cobertura de la negociación colectiva.