Berrinche

El sofoco de Vox por el reparto entre comunidades autónomas de 347 inmigrantes ha traído cola. La falta de solidaridad territorial de la extrema derecha ha provocado la ruptura con el PP a nivel autonómico, y ha dejado sin cargo ni paga a unos cuantos vicepresidentes y consejeros. El arrebato de Abascal & Cia ha hecho visible una cuestión que no es menor. De los responsables cesados o dimitidos, una buena parte, así en Castilla y León, Extremadura, Aragón o Valencia, eran responsables de agricultura. La querencia de Vox por el sector primario, que tal vez es reflejo de una visión algo neolítica de la economía y la política, comporta una fuerte contradicción en el relato, que es también característico de la extrema derecha en el ámbito europeo. Lo rural, al menos en su visión folklórica, ha supuesto desde siempre para los patrioteros, un sinónimo de autenticidad, de refugio de valores. Aquí y en Polonia. Aún así, la exaltación de la tierra, como cuna de la identidad, no ha dejado de chocar, en lo relativo a la estructura de la propiedad y al trabajo, con un modelo de explotación agraria y laboral, que ha provocado la progresiva despoblación del medio rural.

Este vaciado demográfico ha sido remediado con la contratación, informal, irregular, precaria, de personas migrantes. Así el sector más reivindicado por el patriotismo ultramontano, el de la caza, los toros y la pureza de sangre, se ha convertido en el más dependiente precisamente de aquello que la extrema derecha repudia. Así, mientras el ministro de agricultura italiano, cuñado de Giorgia Meloni, reivindica como 'hermano italiano' la salvaguarda de la identidad, por el otro ha de ordenar un sector agrario que, en 2021, contaba con 230.000 trabajadores y trabajadoras por regularizar y que, este año, contratará en origen a 90.000 más. Una dinámica a la que tampoco es ajeno nuestro país. A falta de contabilizar la informalidad, una de cada tres personas afiliadas al sistema especial agrario es migrante, proporción similar a la de otro sistema especial, el de las empleadas del hogar. En los dos ámbitos se repite una misma lógica. La extrema precariedad de las condiciones y lo que tiene de 'invisible' el domicilio o la explotación agraria, reserva estos ámbitos a personas de perfil migrante que acaban viviendo y trabajando en condiciones cercanas a la esclavitud.

El affaire 'Malinche' que ha tenido como protagonista a Nacho Cano ha convertido esta cuestión en espectáculo real y mediático. La 'contratación' en origen de 20 artistas mexicanos sin permiso de trabajo ni contrato repite el esquema descrito. No hay excusa, porque no se beca a nadie sin que exista un marco o plan formativo, ni se le invita como turista a participar como profesional a precio de saldo en un espectáculo. Pero más que la explotación laboral, lo que destaca del asunto ha sido la reacción del cantante. Valgan como subterfugio emocional el victimismo y la autoexculpación, pero no la referencia a las cunetas, la criminalidad policial o la corrupción, y mucho menos la distinción que hace Cano de sus 'becarios': "Esto no son inmigrantes que nos cuestan dinero, que están por la calle, que no les queda más remedio que robar... Yo traigo a inmigrantes para darles una oportunidad"... Aquí tenemos servida la quintaesencia de una ideología sembrada por el prejuicio y la falsa caridad. Un argumento que hace suyo Vox, y en una misma semana defiende al elenco y al cantante, mientras exige en el congreso la repatriación inmediata de toda inmigración irregular.

Es esta la clásica mezcla de racismo y aporofobia. Si el extranjero es un jeque, lleva reloj exclusivo, juega al fútbol, o se paga una visa de oro, es una persona 'singular'. En cambio si es pobre y tan sólo viene a trabajar, se le estigmatiza y denuesta. Todo el montaje de Malinche es un ejemplo de un relato identitario y patriotero, rancio y con reminiscencias imperiales, que pretende legitimar clasismo y superioridad moral. El presentar como 'nacimiento del mestizaje' la relación de dominio y posesión de un soldado con respecto a una esclava es poco más que institucionalizar la violación y el abuso. Hablar, como se hace en la web del espectáculo, de Malinche como 'mediadora entre dos culturas al borde del conflicto', es obviar que en Mesoamerica no había una sola cultura, o que la irrupción de Cortés y sus 700 hombres en el continente, supuso que, en poco más de 80 años, se redujera la población de 10 a 2 millones, ya fuera por violencia o enfermedad.

El relato de Malinche no es ajeno al ideario de la arrogancia y la falsa superioridad que legitima la explotación laboral de personas de perfil migrante, ya sea en el medio rural o en nuestras ciudades. Es la expresión intelectual y artística de la mediocridad de una extrema derecha a la que le queda poco más que el berrinche ante una realidad que la supera y que no es capaz de confrontar. Porque idealiza el campo pero desprecia a quien lo trabaja. Porque exalta la familia pero menoscaba a quien se ocupa de ella. Porque se abandera en el arte o en el deporte de un patriotismo exultante, pero desdeña a quien baila o a quien juega, ya se llame Fátima, Liam, Alina o Lamine Yamal.

Por una matemática de la izquierda

Desde que, hace unas semanas, unos pocos afortunados tuvimos el placer de adentrarnos en el análisis matemático del Capital de Marx, guiados por un inspirado Eduardo Nuñez, la tentación de resolver la aparente debacle de la izquierda por vía algebraica se ha hecho notoria. Es sin duda el reclamo de la desesperación, pero la ingente tarea que se nos presenta a los que quisiéramos tener una opción progresista, real y transformadora, en el paisaje político, lo justifica. Y es que la vía semiótica se ha agotado por si misma, y a pesar de darle, una y otra vez, la vuelta a conceptos como unión, confluencia, movimiento o plataforma, no hay manera de que alguna de estas vías y propuestas ponga límites a la sempiterna pulsión de lo individual y efímero. Por eso, cuando no hay alternativa seria a la estabilidad y fuerza que reside en lo organizativo, no queda sino volver a hincar los codos en la mesa, coger lápiz y papel, y tirar de números. Pisa nos recuerda que en esta materia no andamos sobrados, tampoco en la izquierda, y por tanto es cuestión, tras el suspenso y debacle de junio, de ponernos a 'recuperar' con la vista puesta en septiembre.

Siguiendo el ejemplo del gran Alexandre Deulofeu que, hace ya 75 años, compendió su matemática de la historia, nuestra matemática de la izquierda habrá de empezar por definir unidades y variables. Estas no pueden ser otras que axiomas y valores como la centralidad del trabajo, el feminismo, la preponderancia de lo público, el internacionalismo, la fiscalidad progresiva o la protección del ecosistema. Difícilmente una de estas variables por si sola da para fundar un partido. La ideología suele presentarse como una combinación fundamentada de unas cuantas de estas propuestas que llamaremos factores primos de la izquierda. A partir de aquí nos atrevemos a situar la primera ley en la organización de la izquierda: Si dos propuestas son fórmulas análogas que coinciden en cada uno de sus componentes, no existe un problema de coherencia en la propuesta, sino de liderazgo. El encajar este en la naturaleza orgánica que da vida a cualquier partido, con tal de ir más allá de las biografías de los unos y de las otras, requiere de generosidad, conciencia y de altura de miras.

Una vez que se acepta que no hay más de un partido por cada fórmula posible, viene el momento de analizar las posibles alianzas y proyectos compartidos. En esta materia conviene destacar dos principios. En primer lugar está el del máximo común divisor. Como se recordará es este el mayor número entre los divisores comunes, o, traducido a nuestra matemática de la izquierda, es la máxima combinación de factores primos que se repiten en cada una de las propuestas. Así nos podemos encontrar con que en un universo 'zurdo', todos los partidos coincidan en la centralidad del trabajo y el feminismo, pero que uno además sitúe como seña de identidad la fiscalidad progresiva, otro la conservación del ecosistema y otro la revolución global como estrategia transformadora. Ante esto la segunda ley de la matemática de la izquierda nos dice que, ante una misma urgencia o diagnóstico (por ejemplo la amenaza del fascismo), cualquier alianza en la izquierda tiene que identificar no lo que separa, sino aquello que comparte, eso es, los factores primos comunes, que tienen un efecto balsámico y dan fundamento a la construcción sólida de una alternativa política.

En segundo lugar está el principio del mínimo común múltiplo. Este se calcula en matemáticas eligiendo los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente y multiplicándolos. En la matemática de la izquierda conviene hacer lo propio en lo relativo al programa. Pongamos un ejemplo. El máximo común divisor de 36 y 48 (2x2x3x3 y 2x2x2x2x3) es 2x2x3=12. El mínimo común múltiplo de estos números es 2x2x2x2x3x3=144 (36x4=48x3). Si en el máximo común divisor de la izquierda, cuenta lo que se tiene en común, y ese es el fundamento de cualquier alianza, en la propuesta, hay que acoger cada uno de los factores primos que distingue a cada uno de los partidos. Y es aquí donde la cosa se complica. Tomemos por ejemplo un partido que sitúa la centralidad de la fiscalidad (2) pero aún más la del trabajo (3x3), y otro que es laborista y ecologista (7), pero en el que no pondera la fsicalidad. El equivalente numérico sería 2x3x3=18 y 3x7=21. Pues bien, la base de la alianza sería en este caso el trabajo (3), pero la propuesta común habría de integrar fiscalidad y ecología, cediendo, por su preponderancia, al trabajo el eje central (2x7x3x3 =126).

Tener claro el máximo común divisor y articular un programa conjunto que respete cada una de las señas de identidad de cada partido puede resultar clave. El riesgo evidente es que alguno de los factores no comunes (en el ejemplo anterior fiscalidad (2) y ecología (7)) no sea reconocido como asumible por otra de las sensibilidades o partidos. En ese caso ha de evaluarse si es prioritaria o no esa cuestión y hasta qué punto pone en riesgo la alianza, lo que lamentablemente nos devuelve al momento 'semiótico' mencionado al principio. En cualquier caso, y he aquí la tercera ley, no hay matemática posible en la izquierda sin generosidad. Por eso conviene asumir una cierta renuncia a la hora de establecer cualquier alianza y mostrar la suficiente tolerancia a la hora de elaborar la propuesta o programa común. Estas serían posiblemente las clave de una matemática de la izquierda que quiera ir más allá de la pura suma de siglas y nombres.

Catalunya migrante

Entre los primeros recuerdos que tengo de la política, destaca una visita de Pilar Rahola, hace ya más de treinta años, a Teià, cuando aún militaba en ERC. A lo largo de este tiempo se ha convertido en un referente, un personaje público, una polemista de éxito y una trashumante política que ha ido trasladando su foco ideológico de la izquierda a la derecha. Lo que interesa de esta filóloga, editora y periodista tal vez sea menos lo que es, que desconocemos al quedar escondido tras la pátina de una evidente puesta en escena, que lo que representa para muchos de nosotros. En cierta medida el personaje es la proyección de un anhelo, de una frustración, de la angustia y el miedo que viven muchos 'nativos' catalanes, ante la amenaza de una globalitzación que se supone sacude los cimientos de su cultura y los confronta con una incertidumbre que los alarma. Si en un lugar del Mediterráneo, por el que han pasado todo tipo de culturas, tiene sentido o no hablar de 'nativos', no es un tema menor. Es tal vez el ángulo desde el que conviene analizar si es o no consistente el planteamiento que ha hecho y hace de la inmigración esta comunicadora.

La población catalana, dos millones de personas en 1900, se ha multiplicado por cuatro en estos 124 años, hasta alcanzar los actuales ocho millones. Este crecimiento es similar al que se dio de 1717 (402.531) a 1857 (402.531) y tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento económico, con la industrialización primero, y en el marco de una contundente terciarización después. Cuando Rahola habla en un artículo reciente de la utilización de la inmigración por parte del españolismo como arma para destruir, mediante la gestión exclusiva de la competencia reguladora, la identidad catalana, traslada la sensación de desconocer la lógica que ha impulsado la demografía en Catalunya, y que no ha sido otra que el enriquecimiento de una burguesía que ella representa. No parece inverosímil que lo que esté haciendo con su ofensiva desacomplejada contra "la izquierda tronada y woke" no es otra cosa que extrapolar al territorio catalán otra realidad que conoce muy bien, como es la utilización estratégica de la migración por parte de Israel, hasta el punto de dejar en minoría a la población musulmana, cristiana y drusa, que, en 75 años, ha pasado de representar del 80 al 20%.

La realidad en Israel y en Catalunya es sin embargo muy diferente. Fue la industrialización la que comportó que se atrajera mano de obra para alimentar fábricas y cuentas corrientes de los y las potentadas. Con el cambio de modelo productivo y la olimpiada como 'celebración' del adiós a los humos y el ruido de las manufacturas, se facilitaba el doble movimiento de deslocalización de la industria por un lado, y turistificación intensiva del territorio por el otro. Pero tampoco así se alcanzaba una solución al tema de la 'identidad'. Más bien al contrario. Se doblaba el reto para aquello a lo que Pilar Rahola llama 'lengua y costumbres' catalanas, que ahora había de confrontar la diversidad propia de los trabajadores y trabajadoras migrantes, pero también la de la 'materia prima' del turismo que, en nuestro caso, no es otra que, en datos de 2023, cerca de 26 millones de excursionistas y turistas internacionales. Lo que sí ha cambiado, y tal vez sea esto lo que le amargue la fiesta a alguien, es que también el capital se ha vuelto líquido y ha superado las fronteras. Hoy el problema tal vez radica para algunos en que el parque temático catalán es rentable para una parte menguante de burgueses 'nativos', y lo es cada vez más para los fondos y capitales internacionales.

Que hoy las calles, paisajes y costumbres, la historia y geografía catalanas en su conjunto, hayan sido monetizadas, no responde a una iniciativa de los trabajadores, sino que es responsabilidad exclusiva del capital catalán, que, a la larga, ha tenido que ceder su sitio al capital internacional. Tener fondos buitre norteamericanos invirtiendo en franquicias canadienses que contratan personal paquistaní para atender turistas chinos, supone un reto a la hora de garantizar la conservación de lo que se entiende por 'identidad catalana'. Es un hecho. Pero tirar pelotas fuera y echar la culpa a la capacidad 'reguladora' del estado, estigmatizando la fuerza de trabajo migrante mientras se defiende la ampliación del aeropuerto o el proyecto del Hard Rock es un auténtico despropósito. Que después se asocie la inmigración con el crimen, mientras se obvia el fraude fiscal, la corrupción en el ámbito del alquiler turístico o la explotación laboral por parte de empresarios/as internacionales, no va mucho más allá de la clásica mezcla de aporofobia y xenofobia.

No cabe duda de que Pilar Rahola es un producto nacional que difícilmente será sustituido por una alternativa multinacional, y ya nos parece bien. Aún así, en tanto que proyección de una buena parte de la ciudadanía catalana conviene situar que, si nos tomamos en serio nuestra cultura y nuestra lengua, las principales amenazas radican hoy en el afán de lucro de unos pocos, y en un modelo productivo que ha sobredimensionado el turismo en relación a otros sectores como la manufactura, la energía, la agricultura o la tecnología y la innovación. Estamos a tiempo de frenar la tendencia, pero será muy difícil si continuamos poniendo el prejuicio, la provocación y el arrebato por delante del juicio, de la cordura y del sentido común. Defender nuestra lengua pasa por invertir en tecnología, en educación, por llevar el catalán a los centros de trabajo y por trasladar una imagen de suficiencia y solidez cultural e intelectual que encaja muy poco con este tipo de aspavientos.

Trabajo y renta

El pasado 30 de abril tuve la ocasión de debatir con David Casassas sobre renta básica ante los compañeros y compañeras del PSUC Viu. El encuentro permitió situar contrastes y discrepancias en una cuestión a la que no nos es ajena, a los unos y a los otros, un cierto maniqueísmo. Aprovecho estas lineas para recoger algunos de los argumentos planteados en relación a esta cuetsión. La renta básica, como derecho a la percepción incondicional, individual y sin excepciones de una renta, desde mi punto de vista no se diferencia de la renta mínima o de la renta garantizada, a excepción de que esta última tan solo atiende a quien la 'necesita' y por tanto no tiene carácter universal. Aunque en situaciones extremas, por cataclismos naturales o circunstancias en las que fallan o no existen las estructuras y servicios del estado del bienestar puede tener sentido una renta básica y universal. La perspectiva es diferente cuando de lo que se habla es de su carácter permanente y generalizado. En este supuesto sitúo brevemente las siguientes reflexiones.

Uno de los argumentos en defensa de la RBU es la complejidad de la gestión administrativa de las rentas mínimas y del conjunto de prestaciones y subsidios que actualmente ofrece el estado. Conviene situar que el simple intento de compactación, como en el caso del 'Universal Credit', introducido en Escocia, no funciona por vía de la compresión de la casuística. Como destaca el profesor Noguera, tampoco la RBU quedaría al margen de una tramitación que, en cualquier caso, a medio plazo, se habría de beneficiar de tres cuestiones. En primer lugar es inaplazable el acceso mediante una declaración responsable por parte de las personas beneficiarias a todas las ayudas y prestaciones. Además hay que garantizar la interoperabilidad entre administraciones y departamentos en el marco del avance tecnológico también en la función pública. Finalmente, es perentorio ampliar la mediación personal y directa de trabajadores/as y orientadores/as sociales, marginados de su función en el marco de la regresión neoliberal, la austeridad y los recortes.

La confusión que comporta el carácter 'universal' de la RBU radica en que sus beneficios no se concentran en el 20% de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza y en que no aporta un criterio 'redistributivo', fiando el peso de la redistribución a una fiscalidad que hoy está bajo presión permanente. Como señalaba David Harvey, la renta básica no mejora, en términos económicos, la redistribución, pero tampoco resuelve la mejora de la renta disponible. La mejora del valor de cambio de esta es absorbida de manera previsible por la reducción de su valor de uso, eso es, por vía del incremento de los precios de productos y servicios. Tampoco la superación de la esclavitud del trabajo asalariado, que se sitúa como argumento recurrente para la RBU, desaparece. El trabajo asalariado continúa existiendo aunque sea en forma de trabajo 'marginal' que ha de complementar la renta, al no superarse la esencia del problema, que no es otro que el capitalismo. Esta 'insuficiencia' es la que hace amable la renta básica a actores como la OCDE, el Banco Mundial o el FMI.

Finalmente el gran reto de una renta básica es la fijación y actualización de su importe. En relación al segundo aspecto, cuando estamos en una fase regresiva en relación a la capacidad redistributiva de la fiscalidad, cuando enfrentamos, año tras año, un reto para actualizar IPREM, IMV, pensiones no contributivas, IRSC o RGC, no se acaba de ver cómo se habrá de garantizar que la actualización de la RBU responda a las necesidades mínimas de la población y no a los intereses de quien tiene el poder económico y financiero. Si hay quien piensa que la democracia aporta suficientes garantías tal vez le convenga revisar el estado de salud y la capacidad de transformación de un sistema democrático polarizado y muy debilitado. Ligar en este marco la renta mínima al sistema de la Seguridad Social y no a la única ley que tiene un carácter anual y por tanto obsolescente, eso es, los Presupuestos Generales del Estado, podría aportar una cierta garantía, pero supondría ligarla de cerca a un marco de relaciones laborales que para algunos comporta un estigma.

Más allá de los detalles y de las cuestiones más mundanas, la RBU choca también para algunos de nosotros con una cuestión de tipo más conceptual e ideológico. Conecta de una manera demasiado directa con la propuesta de un impuesto negativo sobre la renta, planteada por Rhys-William y Milton Friedman, eso es, con una propuesta que monetiza el estado del bienestar, convirtiéndolo en un 'estado de transferencias'. La conciliación que proponía el padre del neoliberalismo entre mercado y estado del bienestar, se basaba en una sacralización de la 'libertad', como derecho subjetivo de los ciudadanos, que deberían ser los únicos 'jueces' de sus necesidades, más allá de los servicios y derechos que ha de proveer el estado. En este debate el elefante en el salón no es otro que fijar el mínimo 'necesario'. La libertad se esfuma de manera inmediata si se considera el acceso a la sanidad en los EEUU, o se analiza la permanente manipulación del concepto 'libertad' por parte del neoliberalismo y de personajes tan 'libertarios' como Ayuso o Milei.

Finalmente hay un último punto relevante. Para la transformación del capitalismo parece más difícil de organizar una legión de pequeños rentistas, que una clase trabajadora con conciencia y capacidad de intervenir en el tejido productivo mediante la correlación de fuerzas. Son muchos los retos para el trabajo organizado en el marco de la digitalización, el individualismo, la creciente ubicuidad del capital y el control social que facilita la tecnología. Aún así para muchos de nosotros continúa siendo válido que sin trabajo no hay plusvalía. Por tanto la palanca para la transformación gradual del capitalismo sigue siendo el trabajo organizado. Sí resulta perentorio revisar el concepto de 'trabajo' para ampliarlo al trabajo reproductivo y a la generación de valor en el ámbito de la digitalización. Al mismo tiempo es inaplazable un debate social sobre 'propiedad' y sobre el sentido de lo 'público'. No entra en la lógica neoliberal, pero algunos y algunas continuamos pensando que la emancipación del trabajo tan sólo es posible organizándolo, y no mediante una renta que lo fía todo a unos derechos hoy asediados y a la capacidad 'tractora' de una democracia en horas bajas.

En los albores de una nueva legislatura europea

Publicado en 'Argumentos'

La reciente presentación y anuncio, en dos días consecutivos, de los informes realizados por Enrico Letta y Mario Draghi sobre Mercado Único y Competencia, no es ajeno al momento europeo. Las elecciones de junio definirán un nuevo mandato en el que toma forma la candidatura del ex Presidente del BCE al liderazgo de la Comisión que actualmente detenta Ursula von der Leyen. Al mismo tiempo el Parlamento Europeo ha aprobado las nuevas reglas fiscales para la gobernanza económica europea, en un escenario en el que desaparece, a medio plazo (2026), el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que, junto al extinto SURE, ha constituido la primera experiencia de un instrumento fiscal financiado por deuda conjunta y por tanto mutualizando los riesgos. Como lo resume con acierto Antón Costas, el proyecto europeo se debate hoy entre la voluntad de algunos/as de volver a situarlo bajo la égida de la madrastra de la castidad fiscal, y la de aquellas y aquellos que apelan a las bondades del hada madrina que ha inspirado el despliegue de recursos con el que hicimos frente a los estragos de la pandemia de la Covid-19.

Como destacan ambos informes, de manera complementaria a estos hitos, está el momento global, que a su vez condiciona el momento europeo. Enrico Letta lo define como un mundo de gigantes en el que Europa vive una creciente vulnerabilidad por la desaparición o transformación, en el plano geopolítico, de las reglas de juego. Mario Draghi entra en detalle cuando recuerda que si EEUU utiliza la política industrial a gran escala para atraer capacidad de producción y China genera excesos de capacidad que debilitan la industria global, ambas potencias coinciden en liderar un proteccionismo que trata de excluir a los competidores y de aprovechar su poder geopolítico para controlar y asegurar las cadenas de suministro. Dar respuesta a esta situación pasaría por reorientar el proyecto europeo y aprovechar su mercado interior (440 millones de personas, 220 millones de trabajadores/as, 23 millones de empresas), como base de la competitividad de la UE. Así lo recogía la comunicación de la Comisión sobre 'Competitividad a largo plazo' de marzo de 2023 y así se plasma en los dos informes.

Si bien a diferencia del informe de Enrico Letta, el de Mario Draghi está por publicarse, y no se verá hasta pasadas las elecciones europeas, su reciente presentación en Bruselas permite vislumbrar algunas de sus líneas maestras. Estas coinciden con el de Letta en centrar el potencial inversor en la activación del ahorro europeo en el marco de un mercado europeo de capitales. Junto a este hito el ex Presidente del BCE lanza otros dos: la necesidad de beneficiarse de la economía de escala con empresas más grandes y el asegurar el suministro de recursos e insumos esenciales en el marco de una apuesta económica que sugiere Draghi, habría de centrarse en 10 macrosectores especialmente expuestos. La orientación tiene así un tono marcadamente industrial y confía la financiación al impulso de una inversión privada a la que no sería ajena tampoco la Unión Bancaria que la Comisión Europea quisiera ver completada cuanto antes.

Al debate abierto por los dos políticos italianos se ha sumado recientemente el Ministro de Economía Carlos Cuerpo, desde 'Grand Continent'. Su posición recoge dos cuestiones que no son menores: la necesidad de velar por las reglas de la competencia dentro de la propia Unión y la de garantizar un mecanismo de financiación que aproveche la experiencia del Next Generation EU. Coincide este planteamiento con el del Instituto Elcano. Para este, la reciente revisión de las reglas fiscales europeas se ha centrado exclusivamente en garantizar la sostenibilidad de las finanzas de los Estados, sin dar respuesta a la necesidad de una capacidad fiscal central en Europa, cuando "la necesidad de fondos y deuda conjunta para financiar bienes públicos europeos no es una idea, sino un requisito imprescindible para el funcionamiento operativo de cualquier área monetaria". Al margen de la potencial inversión privada, la inversión pública europea cuenta tan sólo con los fondos NGEU, en vía de extinción, con unos fondos estructurales insuficientes y con una inversión de los Estados, encorsetada por las nuevas reglas fiscales.

No es ajena a esta posición la del Comité Económico y Social Europeo, que aboga en un reciente dictamen por definir nuevos instrumentos financieros que permitan la financiación de bienes comunes estratégicos, ni tampoco el informe de gobernanza del Consejo Económico y Social estatal. En este se destaca cómo la reforma de la gobernanza económica ha obviado la necesidad de crear instituciones presupuestarias supranacionales en base a recursos propios y a la emisión de deuda pública conjunta. Con las nuevas reglas fiscales y un gasto público europeo inferior al 2% del PIB, difícilmente la inversión privada va a dar respuesta a la necesidad de una orientación estratégica y al carácter estructural de las políticas que reclama una competitividad europea reforzada. Para el CES el gran reto al que tendrá que hacer frente el nuevo ejecutivo que emerja del 9J, será la "movilización de financiación mutualizada para escalar la inversión en bienes públicos europeos con el fin de reforzar la competitividad de la UE y preservar el modelo social europeo".

Dar una nueva vuelta de tuerca a la 'Europa del mercado' sin abundar en la profundización de una política fiscal común que dote al proyecto de recursos suficientes, tiene pocos visos de éxito. Poner el acento en la unión monetaria o bancaria puede ser una parte, pero no puede distraer de otras cuestiones que afectan a la economía real. Por ejemplo la competencia fiscal a la baja, con auténticas guaridas fiscales en Europa, o la protección que algunos estados brindan a los buques insignia de su tejido industrial y que desequilibran las capacidades continentales. Introducir en este ámbito una reglas de juego claras con recursos compartidos y mutualizados, y en base al progreso en la unión política y fiscal, deviene la mejor garantía para reforzar la posición competitiva de Europa a nivel global. Recuerda Marina Mazzucato en 'Misión Economía' que la competitividad se basa en los recursos internos y sobre todo en la capacidad de aprendizaje. No repetir los errores del pasado, y dar continuidad a los recientes aciertos, sería la mejor garantía de éxito para un nuevo mandato europeo.

La crisis del bingo

'En una sociedad compleja como la nuestra no podemos menospreciar ningún ámbito de sociabilidad ni ningún sector de actividad económica'. Así se lee a la patronal catalana, en una reciente publicación. Lástima que no se refiera al sector de los cuidados, a la educación especial, o a la inteligencia artificial, sino a un sector tan estratégico como el del bingo, en el que aprecia, "unas características de proximidad hacia las capas populares que le otorgan un papel difícilmente substituible". Tener una organización empresarial que dedica una de doce páginas de un texto con conclusiones sobre política fiscal al bingo, resulta perturbador. Máxime cuando, en ninguna de ellas, aparece la palabra fraude, ni tampoco la evasión o la elusión fiscal. Se presupone así que la patronal no ha de proteger a los y las emprendedoras que respetan las reglas de juego y ponen en valor por encima de todo su capacidad de innovación, de organización y de liderazgo, sino a aquellos que pretenden vivir en el lado salvaje de la vida y de la empresa, imponiendo no más que una codicia insaciable y una inmensa falta de escrúpulos.

Dice Foment, que Catalunya es un infierno fiscal, a pesar de estar la recaudación por debajo de la media europea. Comparar el hacer frente a las obligaciones tributarias con las condiciones de un infierno es hoy un auténtico despropósito. Si acaso el infierno está en Gaza, junto al Don, en las calles de Kabul o en Haití. La referencia al infierno es además un guiño casi sarcástico a la opción antagónica que sería la del paraíso fiscal. También en esto es de temer que a la organización empresarial le puede el apetito. Desde el punto de vista económico los paraísos fiscales, a los que otros llaman guaridas fiscales, no funcionan tanto por el hecho de no cobrar impuestos, sino por subvertir las reglas internacionales mediante una soberanía que tiene que ver, antes con la piratería, que con la política. Si la condición natural del infierno es que exista un paraíso, no habría mejor manera de acabar con los primeros que eliminando del mapa a los segundos. Sucede algo parecido con Madrid. La competencia fiscal a la baja, no refuerza sino el 'centralismo' de la capital en el plano económico, en un ejercicio de deslealtad que, si lo emprendieran las 17 comunidades, nos empobrecería a todos.

La decisión no debería ser tan difícil. Ha de decantarse la patronal por si el modelo es Francia, Bélgica, Noruega, Austria o Finlandia, que, junto a Dinamarca, Suecia o Alemania, encabezan la recaudación en relación al PIB, o si el entorno macroeconómico que persiguen para situar sus inversiones es El Chad, Bangladés, Nigeria, Egipto o Venezuela, que están a la cola. Viéndolo así, parece evidente que la opción sería, antes bien, conseguir un marco común a nivel internacional en relación a la fiscalidad y hacer depender de él, el acceso al comercio internacional, a las ayudas al desarrollo, o a los fondos del BM o del FMI. Como escribe la siempre lúcida Mariana Mazzucato no se trata de beneficios, ni se trata tampoco de 'crecimiento', sino de que éste tenga una dirección y un propósito. Es en este ámbito en el que desempeña su función la empresa, y en el que se vinculan economía y sociedad. Una patronal cuyo único propósito sea la de maximizar beneficios, al margen de cualquier ponderación entre sectores y tamaños de empresa, omitiendo cualquier compromiso o sensibilidad en el plano social o ambiental, es por eso un auténtico despropósito y un sinsentido.

Dice Foment en su texto sobre ficalidad que "la fiscalidad ha de acompañar la modernización de la economía" y que por eso se han de suprimir el impuesto de patrimonio, reducir los tramos del IRPF; eliminar el impuesto de sobre emisiones del CO2 y darle margen a que las 'clases populares' puedan seguir sus impulsos primarios y darse satisfacción cantando líneas y bingos. Según datos de la Generalitat el infierno fiscal de Catalunya atrajo en 2023 un 42% más de inversión extranjera que en 2022. ¿No serán tal vez las empresas catalanas las que son incapaces de ver las oportunidades que les brinda nuestro tejido socioeconómico? Al mismo tiempo que sigue cayendo la inversión empresarial, los márgenes han ido superando las previsiones los últimos años y han aumentado un 64% entre 2018 y 2023, situándose en 2023 en 311.000 millones. Pero sin embargo se nos dice que sigue apretando el calor infernal. El 20% de las empresas, las más grandes, concentran el 98% de los márgenes empresariales, pagando menos impuestos que las pequeñas, pero se supone que el infierno es el mismo sin distinciones entre tamaño, transparencia o compromiso.

Lo que más sorprende en el conjunto, no es ni tan siquiera la incoherencia en el relato interesado de la gran patronal, sino que le sigan el juego quienes en teoría defienden los intereses de las pequeñas y medianas empresas. Empresarios y empresarias honestos, a menudo volcados en proyectos de menor dimensión y que tienen en la morosidad o el acceso al crédito sus principales problemas. Y sin embargo, como en el caso de la fiscalidad, parece que quisieran trasladarse al paraíso de las grandes. Como si pudieran ejercer todas al mismo tiempo el poder de mercado, la ingeniería fiscal y la externalidad negativa en la ecología, la formación o las infraestructuras... Es lo que tiene el bingo. Que con tener un cartón uno ya se ve subido en el carro del progreso. Es de temer que enfrentamos una preocupante crisis de madurez en las organizaciones patronales. Una crisis de mediana edad. Una crisis del bingo.

Papaoutai

Suerte tenemos los que somos ateos por gracia divina. Si no fuera así se nos haría muy difícil, por no decir doloroso, interpretar, desde la prudencia, declaraciones como las recientes del sacerdote toledano Gabriel Calvo Zarraute. Este confesaba en una 'tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria', que rezaba mucho para que el Papa Francisco pudiera "ir al cielo cuanto antes". Frente a lo que alguien tal vez pueda malinterpretar como coraje o franqueza cristiana, a los que cojeamos en lo de la fe religiosa pero nos apasiona el lenguaje, la expresión de ese deseo nos contagia tres cuestiones: Un cinismo falto de toda humanidad, una evidente falta de confianza en el poder de la oración y una vocación manifiesta por la rebeldía o incluso, y en aras del ascendente, por el parricidio espiritual. Cómo le habrán sentado los excesos de esta tertulia sacerdotal, tan ibérica por visceral e indecorosa, al santo padre, no es difícil de imaginar. Si ya el hecho de contemplar el mundo supone un trago amargo para quien se cree o sabe corresponsable por aquello de la génesis, echar además una ojeada a la miseria moral de una parte notoria de la congregación, sin duda debe hacer daño. Y mucho.

En la estremecedora 'Papaoutai', Stromae canta aquello de 'Todos saben cómo se hacen los bebés, pero nadie sabe cómo hacer papás', y no le falta razón. Lo de poner niñas y niños en el mundo es fácil, con todas sus limitaciones, pero lo de hacer de padre no lo es tanto, máxime cuando uno tiene que hacer las veces para más de mil millones de creyentes. Para aquellos que nacimos con Pablo VI como sumo pontífice, Francisco es ya el quinto vicario de Cristo que nos encontramos en Roma. Y no es el peor. Desde la empatía diríamos que la primera tentación de todo sucesor de Pedro debería de ser la de dejar de creer. Conocer el percal desde dentro, vivir el ensañamiento de los unos, el odio y artimañas de los otros, no puede comportar más que un cierto distanciamiento de la fe. Diríamos que cualquier papa que tenga cierta empatía y sentido de la responsabilidad se verá tentado, tarde o temprano, a poner en duda la misma esencia de aquello que representa. Y no sería tentación luciferina, sino tan sólo un acto de coherencia que haría prevalecer la honestidad por encima de la ortodoxia, con tal de asumir el compromiso que comporta el cargo con respecto a la humanidad.

Entre los muchos motivos que ha dado el Papa Francisco a santurrones e hipócritas de diversa índole para rasgarse públicamente las vestiduras, cabe destacar la elección, en 2022, de Marina Mazzucato como miembro de la Academia Pontificia. La trinchera ultracatólica (contra el globalismo antinatalista, la cristianofobia, la ideología de género o el lobby LGTB), denunció la elección irresponsable de una economista 'atea y proabortista' hablando, sin despeinarse, en nombre de los "más de mil millones de nascituri asesinados en el vientre de sus madres en todo el mundo desde 1920". Hace menos de un mes Mazzucato abordaba en el marco de la Asamblea General de la Academia el tema 'Gobernar la economía para el bien común' reivindicando la defensa de la dignidad de las personas marginadas, no solo con palabras, sino con políticas y nuevas formas de colaboración entre gobierno, empresas, trabajadores... Un chorro de aire fresco en un ambiente que, hasta la irrupción de Bergoglio, parecía pensado antes para la fermentación y cura del cabrales o el roquefort, que para ventilar las contradicciones y prejuicios de una buena parte de la curia.

A la mínima que el Papa Francisco se sienta tentado de iniciar una 'Misión: humanidad', habrá de confrontarse con la oportunidad de aplicar en su propio espacio aquello de Mazzucato que dice que "la verdadera cuestión no es si una burocracia debería existir, sino cómo convertirla en una organización dinámica impulsada por la creatividad y la experimentación". No cuesta imaginar la cara que pondría la casta sacerdotal contrarrevolucionaria de las iberias si se la confronta con esta suerte de valores, ni parece tampoco muy cercano en el tiempo el maravilloso momento en el que una organización religiosa se entregue a la voluntad del desarrollo y la innovación. Lo de Bergoglio quedará probablemente para el anecdotario vaticano, junto a otros dadivosos y anacoretas, pero no deja de infundir cierta esperanza. Más aún cuando después del nombramiento de Mazzucato el Papa elevó también a Demis Hassabis, responsable de IA de Google, al consejo de la academia pontificia.

Este movimiento traslada una cierta altura de miras, aunque en buena parte sea para evitar que "la tecnología sea la nueva religión del mundo contemporáneo". Podemos probar mediante el Chat GPT lo que la Inteligencia Artificial puede aportar al Vaticano. Veremos que ya se la pregunte por cómo salvar a la humanidad o por la existencia de Dios, la respuesta siempre es compensada y amable. La IA muestra una sensibilidad poética (en sombras y lamentos se desliza, la pena profunda que el alma siente, un eco lejano, un lamento triste, Dios yace en el recuerdo, se desliza) o incluso un sentido del humor que para sí quisiera la ortodoxia recalcitrante... A la petición de un chiste sobre un papa ateo, la inteligencia artificial propone el siguiente: "¿Porqué el Papa ateo decidió abrir una pizzería? Porque descubrió que es más fácil creer en 'la masa' que en las hostias". Pues eso. Dejemos de buscar al padre, sea santo o no, y volvamos los ojos a la madre tierra, que bastante tiene con mantenernos vivos.