sábado, 24 de septiembre de 2022

Más FP, menos desigualdades

Publicado en el 'Diari de l'FP' el 23.09.2022



A golpe de crisis. Empezando por la Gran Recesión hasta legar a la actual inflación, los últimos 15 años han estado marcados por fuertes impactos en nuestra economía. Con cada uno de ellos ha aumentado la desigualdad y la precariedad de la población, sin que esta se pudiera recuperar en los periodos de bonanza. Pongamos algunos datos. Cuando quebraba Lehman Brothers, un 16,6% de los catalanes y catalanas vivían en el umbral de la pobreza. El año pasado eran el 19,9%, Un aumento significativo pero que parece irrelevante si lo comparamos con la situación de los y de las menores de 16 años. Si el año 2008, una de cada 6 personas de este colectivo era ‘pobre’ en términos estadísticos, hoy lo son casi una de cada tres, con un porcentaje que se acerca al 30%. La concatenación de crisis ha profundizado y cronificado la pobreza de los hogares con rentas más bajas, especialmente las monoparentales, las numerosas, o aquellas con baja intensidad laboral. Y lo que es peor. Como muestra el informe ‘Desigualdad y pacto social’, coordinado recientemente por Luis Ayala, a falta de políticas públicas fuertes, esta pobreza se transmite con creciente facilidad de una generación a la siguiente.

Nos recuerdan los expertos y expertas que existe un vínculo entre las condiciones socioeconómicas y culturales de los hogares y la probabilidad de preescolarización. Desde esta primera etapa, la sombra de la falta de recursos planea sobre la trayectoria educativa de los niños y niñas. Los hijos de madres con un nivel educativo bajo (primera etapa de secundaria o inferior), tienen 11 veces más probabilidades de abandono prematuro de los estudios que el resto. Las hijas e hijos de los hogares de origen bajo, son 3,5 veces más propensos a quedarse en un nivel bajo de estudios, que los de origen medio, y hasta 7 veces más que los que provienen de hogares de nivel alto. Y a peor nivel de cualificación, peor acceso al empleo y menos estabilidad y calidad del trabajo para una parte creciente de la población. La reproducción de la pobreza es profundamente injusta, resulta ineficiente, estigmatiza a las personas sin poner en valor sus capacidades, pero lastra además la cohesión social, erosiona la calidad de las instituciones democráticas, comporta una mayor polarización política y tiene un efecto negativo, ralentizando y haciendo más inestable el crecimiento económico.

Ante esta situación las transferencias sociales y la calidad y cobertura de los servicios públicos tiene un papel central que jugar. Lo tiene la sanidad, y lo tiene muy especialmente la educación y formación de las personas, tal y como recoge la actual Ley de Educación. Entre sus principios consta en un lugar destacado el de equidad, con tal de garantizar “la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad mediante la educación y la inclusión educativa”. Esta igualdad de oportunidades es la que hoy cuestionan los datos socioeconómicos, y, cuando se trata de asegurarla, tienen un papel destacado la Formación Profesional y el gasto público que se le dedica. Cuando nos encontramos ante la negociación de los presupuestos de la Generalitat para el año 2023, el esfuerzo del gobierno para activar el papel corrector que tienen educación y formación sobre las desigualdades en Catalunya ha de ser evidente, y se ha de poner fin a la tendencia de contención en las cuentas públicas que, en relación al PIB, nos mantiene por debajo del gasto que se realiza en el estado o en la Unión Europea, y muy por debajo de otras comunidades que se toman, habitualmente, como referente, como es el caso de Euskadi.

La Formación Profesional puede facilitar la emancipación de muchas personas jóvenes, aligerando la carga de las economías domésticas de los hogares de rentas bajas, y garantizar esa igualdad de oportunidades que se ha de consolidar con trayectorias laborales que tengan en la cualificación un estímulo permanente. Recordaba Carmen Heredero en un reciente informe ((In)equidad educativa e (in)movilidad social, julio 2022), que la limitación en la oferta de plazas públicas deja fuera, año tras año, a miles de estudiantes, y que esta insuficiencia afecta especialmente a los hijos e hijas de las clases trabajadoras que, en muchos casos, no pueden sufragar el alto coste de las matrículas de los centros privados. Al tratar de cuantificar este déficit, la experta recuerda cómo, en el periodo 2008-2019, hay un incremento del 3,67% en el gasto educativo público en FP, por un aumento del 21,16% del gasto dedicado a subvenciones y conciertos. Un desequilibrio que es tanto más relevante si tenemos en cuenta las dificultades en el acceso a una plaza pública que se ha vuelto a poner de manifiesto en la preinscripción y matrícula del curso 2022/2023.

Hacer frente a la desigualdad, cuando esta plantea un reto sustancial para la cohesión social en el horizonte inmediato, reclama de un conjunto de políticas sociales y familiares que habiliten las necesarias transferencias mediante becas y ayudas (comedor, transporte, horarios comlementarios). Estas no recaen exclusivamente en el Departamento de Educación, pero ninguna de estas medidas será eficiente y permitirá hacer frente a la pérdida de equidad en el acceso a la formación, si no hay un esfuerzo presupuestario extraordinario en lo relativo a la red pública de Centros Formación Profesional, aumentando en el corto plazo el número de plazas disponibles. Tan sólo así se podrá cumplir con las prioridades que sitúan las orientaciones presupuestarias del gobierno, eso es, reforzar la igualdad de oportunidades y fomentar la economía del conocimiento ante el reto de la doble transición.

Cuando hemos habilitado un sistema integrador de la Formación Profesional, invertir en centros, y eso incluye los centros integrados, no permite tan sólo garantizar el acceso a la formación de las personas jóvenes y el acceso a la cualificación de las personas trabajadoras a lo largo de su vida, sino incidir también en unas políticas públicas que han de hacer frente con determinación a una desigualdad social que, desgraciadamente, sigue creciendo, año tras año.

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